Dr. Jorge Carrasco Cerda

Co-Nobel de la Paz 2007

Universidad de Magallanes

“Lo último que se pierde es la esperanza.” Esta frase refleja el sentimiento de muchos participantes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) cada año, así como de aquellos que seguimos las negociaciones desde casa. Sin embargo, a pesar de los avances y acuerdos significativos alcanzados en cada conferencia (COP), siempre persiste la sensación de que algo más podría haberse logrado.

El balance es agridulce: las metas son alcanzables, pero parece que el compromiso global no se materializa con la urgencia que la ciencia exige.

Desde su creación en 1992, impulsada por los primeros informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el cambio climático se ha reconocido como un reto global.

En ese entonces, la comunidad científica ya alertaba sobre el aumento de los gases de efecto invernadero (GEI) desde la Revolución Industrial y sus consecuencias.

Como respuesta, se estableció la CMNUCC con el objetivo de estabilizar las concentraciones de estos gases y evitar la interferencia humana en el sistema climático. Así, la conciencia sobre el peligro del calentamiento global comenzó a calar en la diplomacia internacional.

Han pasado más de 30 años, y durante ese tiempo, miles de políticos, científicos, asesores y activistas han participado en las COP, buscando compromisos nacionales y globales para reducir las emisiones antropogénicas.

El principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas ha sido un pilar fundamental de las negociaciones. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las emisiones globales han seguido aumentando, y algunos países en desarrollo han superado hoy los niveles de emisiones de los países industrializados, lo que ha generado tensiones sobre la justicia climática. Muchos de estos países argumentan que las naciones industrializadas deben asumir una mayor parte de la responsabilidad debido a sus emisiones históricas.

El Protocolo de Kioto (1997), que comprometía a los países desarrollados a reducir sus emisiones en un 5% respecto a los niveles de 1990, fue un primer intento importante. No obstante, su entrada en vigor no ocurrió hasta 2005, y su alcance fue limitado, cubriendo solo el período de 2008 a 2012, con una extensión hasta 2020.

En ese contexto, el mercado de bonos de carbono surgió como una herramienta para incentivar la reducción de emisiones y facilitar la transferencia de tecnologías limpias hacia los países en desarrollo. Sin embargo, los resultados fueron modestos, ya que las reducciones no fueron suficientes ni uniformemente implementadas.

El Acuerdo de París (2015) representó un salto cualitativo. Por primera vez, se adoptó una meta vinculante: limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C respecto a los niveles preindustriales, con el objetivo de evitar los impactos más devastadores del cambio climático.

Este acuerdo, basado en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs), establece que cada país debe presentar sus compromisos de reducción de emisiones y medidas de adaptación, además de financiar a los países más vulnerables.

Sin embargo, el modelo de compromisos voluntarios y la flexibilidad de las NDCs ha generado dudas sobre su efectividad. Aunque la mayoría de los países han presentado planes, muchos de estos son insuficientes o se ajustan a la baja con el tiempo. Además, la financiación climática sigue siendo un tema pendiente. Aunque los países desarrollados se han comprometido a movilizar recursos para ayudar a los países en desarrollo a mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático, los compromisos financieros no han sido cumplidos en su totalidad.

Mientras tanto, las concentraciones de GEI siguen aumentando, alcanzando las 423,98 ppm a fecha del 23 de noviembre. Según la Organización Mundial de Meteorología (OMM), la temperatura media global entre enero y septiembre de 2024 fue 1,54°C por encima de los niveles preindustriales, marcando un nuevo récord histórico. De hecho, los últimos 10 años han sido los más cálidos registrados.

En la Antártida, la extensión del hielo marino en 2024 será la segunda más baja observada, mientras que los glaciares de todo el mundo siguen retrocediendo a un ritmo acelerado. Además, los fenómenos climáticos extremos, como olas de calor, tormentas y sequías siguen causando grandes pérdidas económicas y humanas.

La reciente COP29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, entre el 11 y el 22 de noviembre de 2024, concluyó con un acuerdo significativo: los países desarrollados se comprometieron a movilizar 300 mil millones de dólares anuales hacia los países en desarrollo hasta 2035, con el objetivo de reducir las emisiones de GEI y financiar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.

Aunque este monto es el más alto alcanzado hasta la fecha, está lejos de los 1,3 billones de dólares anuales que los países en desarrollo consideran necesarios para abordar adecuadamente la crisis climática y sus necesidades de desarrollo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó que esperaba un resultado más ambicioso, pero reconoció que lo acordado ofrece una base sobre la cual seguir construyendo.

De esta forma, la sensación sigue siendo agridulce: si bien se ha logrado un paso importante, los compromisos financieros siguen siendo insuficientes para enfrentar la magnitud de la crisis.

Este panorama pone en serio peligro el cumplimiento de las metas establecidas en el Acuerdo de París, que busca limitar el aumento de la temperatura global a 2ºC, pero haciendo todos los esfuerzos para no sobrepasar los 1,5°C por encima de los niveles preindustriales. A pesar de los compromisos alcanzados, la acción global sigue siendo insuficiente para evitar consecuencias aún más devastadoras.

El tiempo apremia, y la urgencia por actuar de manera más rápida y decisiva nunca ha sido tan clara.A pesar de las frustraciones y los obstáculos, el proceso de las COP sigue siendo fundamental para construir una respuesta colectiva al cambio climático. Aunque el camino ha sido largo y lleno de desafíos, la esperanza sigue siendo un motor clave.

Aunque los avances a menudo no son proporcionales a la magnitud de la crisis, la acción global sigue siendo posible. La tarea ahora es que los compromisos se conviertan en acciones concretas y que los líderes del mundo tomen decisiones valientes y decisivas para evitar los peores efectos del calentamiento global.

El cambio climático no es solo un problema ambiental, sino también una cuestión de justicia social, económica y de derechos humanos. Por eso, es necesario que las negociaciones sigan evolucionando, adaptándose a las nuevas realidades científicas, sociales y económicas, y que la cooperación internacional se fortalezca para garantizar un futuro más seguro y justo para todos. La esperanza sigue viva, pero ahora es el momento de traducirla en acciones urgentes y transformadoras.

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